Colima

Duterte ordena «disparar a matar» a los que violen la cuarentena por el coronavirus

A Rodrigo Duterte nunca le ha temblado el pulso a la hora de mandar a la policía que apriete el gatillo. Primero, en su particular guerra contra las drogas. «Eres libre de matar a todos los que estén relacionados con el narcotráfico», dijo hace unos meses el presidente de Filipinas al jefe de la policía de la ciudad de Bacolod. Ahora, el mismo mensaje, el de «disparar a matar», lo lanza señalando a todos aquellos que se saltan la cuarentena por el coronavirus.

La mayoría de países golpeados por la pandemia han optado por sanciones económicas para los ciudadanos que no cumplan el confinamiento en casa. Otros, ante la resistencia de algunos a quedarse encerrados, aplican duras detenciones. Y en los regímenes más autoritarios, como China, no hace falta ninguna de las dos cosas porque el miedo y los controles vecinales hacen que la gente ni se plantee incumplir las normas.

El miércoles por la noche, en un discurso televisado, Duterte no titubeó. «Mis órdenes son para la policía y el ejército, si hay problemas o surge una situación en que la gente pelea y sus vidas están en peligro, disparen a matar». Y prosiguió: «Que esto sea una advertencia para todos. Siga al gobierno en este momento porque es fundamental que tengamos orden».

Manila, la capital, está paralizada. Su Bolsa fue la primera en el mundo en cerrar sus puertas por una pandemia que ya ha dejado en este país 2.311 contagiados y, al menos, 96 muertos. Un bloqueo -que entró en vigencia el 15 de marzo- que ha provocado una ola de miedo, especialmente entra la población más pobre. Si ya tienen poco, el confinamiento total les dejará sin nada.

La advertencia de Duterte se produjo después de que los residentes de la aldea de San Roque, en la ciudad de Quezon, que viven en una barriada muy pobre, organizaron una protesta, alegando que no habían recibido ningún paquete de alimentos y otros suministros de ayuda desde que comenzó el cierre. La policía instó a los vecinos a que regresaran a sus hogares, pero ellos se negaron. Hubo enfrentamientos y la protesta acabó con 20 arrestados.

En declaraciones a Al Jazeera, Jocy López, el líder del grupo que salió a protestar, dijo que no les quedó otra que salir a la calle porque se habían quedado sin comida. «Estamos aquí para pedir ayuda. No nos han dado comida. Tampoco tenemos ni dinero ni trabajo. ¿A quién recurrimos?», protestó Jocy.

«Muerto. A cambio de causar problemas, te enviaré a la tumba», amenazó Duterte horas después de la protesta en San Roque. El presidente acusó a grupos civiles de izquierda de instigar las manifestaciones: «Izquierdistas, ustedes no son el gobierno. No anden por ahí causando problemas y disturbios porque ordenaré su detención hasta que finalice el brote».

Días antes, Duterte había logrado que el Congreso le otorgara «poderes especiales» bajo la emergencia sanitaria, algo que le permite actuar sin contar con el Legislativo, modificar los presupuestos e intervenir empresas privadas. También, promulgar una ley que incluye la provisión de 4.000 millones de dólares para repartir entre 18 millones de hogares desfavorecidos del país, donde el 16 % de la población vive bajo el umbral de la pobreza. Sin embargo, esta ayuda está bloqueada porque el gobierno todavía elabora «una base de datos consolidada» de los beneficiarios.

Tras las amenazas de Duterte, grupos de derechos humanos han respondido al presidente. «Es profundamente alarmante que haya extendido una política de disparar para matar. La fuerza mortal no controlada nunca debe usarse en una emergencia como esta pandemia», dijo Butch Olano, director de la sección filipina de Amnistía Internacional. «Los métodos abusivos utilizados para castigar a los acusados de violar la cuarentena y la gran cantidad de arrestos masivos que se han llevado a cabo hasta la fecha, principalmente contra personas pobres, son otros ejemplos del enfoque opresivo que el gobierno adopta contra aquellos que luchan con necesidades básicas».

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