Juan Carlos Yáñez

El derecho a la educación en Colima: ¿realidad o promesa?

El jueves anterior, en mi opinión semanal para Heraldo Radio Colima hablé sobre el derecho a la educación, al cual definí como el gran desafío para el nuevo gobierno en el estado. Enseguida comparto el texto, con algunas modificaciones, porque me parece de capital importancia insistir de cara a las elecciones del domingo 6 de junio.

Entre los temas de la agenda educativa para el próximo sexenio estatal, en primer lugar ubico el derecho a la educación, afirmado así en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El reto es doble y se agravó con la pandemia. Por un lado, deben atajarse los severos problemas de abandono escolar, la mal llamada “deserción”, que ya era preocupante y aumentó con el largo confinamiento pedagógico. Las cifras expuestas por el INEGI en marzo pasado, aunque no tienen dimensión local, retratan la sangría. En Colima todavía no conocemos cuántos estudiantes se perdieron o están desconectados. La Secretaría de Educación en la entidad no se pronunció todavía, o no son públicos y accesibles los datos, pero saberlo es urgente para las instituciones, las escuelas y los maestros. 

Lograr que todos los niños y jóvenes que abandonaron o fueron expulsados del sistema escolar se reconecten, vuelvan a las aulas y recuperen aprendizajes debería ser una tarea conjunta entre el gobierno saliente y la nueva administración, lejos de disputas estériles y territorios de poder. Por cultura política lo aprecio improbable, pero sería un gesto edificante de ambas partes.

El otro gran reto no ha merecido un tratamiento serio en las campañas electorales, ni para gobernador ni para diputados locales. Me refiero al aumento de la cobertura en educación preescolar, bachillerato y licenciatura. En preescolar, porque Colima tiene uno de los indicadores más bajos del país.

El bachillerato, según se define en la propia Carta Magna, debe ser universal el próximo ciclo escolar; la educación superior, además de gratuita para los ciudadanos, ya es obligatoria para el Estado.

Los programas de becas no resuelven de fondo el problema del derecho a la educación, porque no están ligados a estrategias pedagógicas que incidan en la calidad de los aprendizajes, y porque las becas estimulan la demanda, pero no crean instituciones públicas para los estudiantes que tendrían que incorporarse en varios miles al bachillerato y a las aulas universitarias colimenses.

Se precisa un estudio serio, prospectivo de los nuevos espacios y tipos de carreras que se ofrecerán en los próximos años a los estudiantes que deben aterrizar en las aulas. Pero nunca en desmedro de la calidad, ni de las instituciones ni de los títulos.

Aunque no me gusta el adjetivo, la Carta Magna promete educación de excelencia. Y ese compromiso requiere buenos profesores, instalaciones adecuadas, planes de estudio rigurosos y dinero, mucho dinero de los gobiernos federal y estatal. Ese que hoy no existe.

¿Frente al desafío tienen un proyecto político y educativo los candidatos, las candidatas? ¿Quién se puede comprometer a sortearlo de forma exitosa, resolviendo las dos caras, la del abandono y la de una inclusión universal a la mejor educación posible?

Arriba